Por: Daibel Rivera
Avanzar hacia un desarrollo sostenible en las comunidades y ciudades de un país, en la práctica se convierte en un proceso complejo de cara a las disparidades socioeconómicas y de ecosistemas que se presentan en un mismo territorio. Un primer acercamiento de los gobiernos para impulsar el desarrollo local en consideración a la diversidad es la descentralización territorial.
La descentralización como política estatal es una herramienta que cede a los gobiernos subnacionales la facultad de tomar decisiones políticas en las demarcaciones designadas, con la finalidad de hacer del desarrollo un proceso participativo, un proyecto país, en el que se busca dar respuesta a las necesidades reales de una localidad.
En la República Dominicana, la descentralización política está racionalizada en estructuras regionales, que adquieren carácter legal mediante el decreto 685-00, más tarde reemplazado por el decreto 710-04, que define por cada región de desarrollo, un consejo conformado por gobernadores y senadores provinciales, síndicos por municipios cabeceras, entre otros representantes de las distintas organizaciones sociales. De esta manera, la creación de gobiernos subnacionales por regiones constituye una estrategia para la planificación del desarrollo en todo el territorio dominicano.
Un territorio es un espacio geográfico delimitado, que sirve de plataforma para el desenvolvimiento de las actividades económicas, sociales, y culturales de un conjunto de personas. Las decisiones que toman a diario los individuos, empresarios, y gobiernos, inciden en el espacio terrestre y las personas que en él habitan, es por ello que en la articulación de planes de desarrollo y la descentralización política no puede desvincularse la importancia del ordenamiento territorial en garantía de las relaciones sostenibles en el entorno.
En la medida que el país ha progresado, la relativa mejora en las condiciones de vida de los dominicanos ha repercutido en el crecimiento de los municipios, con un uso inadecuado y desorganizado del suelo. Este desafortunado hecho da explicación a los tugurios en los márgenes de los ríos La Isabela y Ozama, y en otros casos, a los asentamientos urbanos y construcciones de infraestructuras sociales en las proximidades de Polyplas, fábrica de plásticos que explotó en el 2018 generando daños irreversibles en Villas Agrícolas, sector del Distrito Nacional.
Santo Domingo de Guzmán, perteneciente a la región de desarrollo Ozama, es una de las ciudades más pobladas y dinámicas de la República Dominicana. De acuerdo a las estadísticas del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 y el reporte de Municipios en Cifras de octubre 2019, exhibió una tasa de ocupación del 43.7%, y analfabetismo de 7.4 % en la población mayor de 15 años. Por otra parte, registró que el 16.4% de los hogares se encontraban cercanos a cañadas con basura o agua contaminada, el 3.3% a ruidos de fábrica, planta eléctrica o taller, y tan solo el 63.5 % de hogares recibían abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda.
Además, conforme al informe del mapa de pobreza del 2014 y las estimaciones por medio del Método ICV, en 2010 la capital tenía un 26.7% de hogares viviendo en pobreza general y el 4.7% en pobreza extrema. Añadiendo a este panorama la escasez de áreas verdes al tiempo que se elevan los espacios urbanizados, partiendo de las proyecciones de la (ONE), se estima que para el periodo 2020-2030 este municipio mantenga una tasa de crecimiento poblacional media anual de 0.54%.
La falta de ordenamiento y planificación del territorio tiene por consecuencias problemáticas de orden socioeconómico y ambiental. Si bien estas estadísticas deben ser actualizadas para enjuiciar sobre las circunstancias actuales de este municipio, las mismas exponen a una ciudad insostenible, con gestión administrativa ineficiente en la que han sido cruciales las decisiones en el uso del suelo.
La sostenibilidad de las ciudades se incrementa en tanto se establece un marco que dicta la forma más conveniente de usar la superficie en el desarrollo de las actividades cotidianas, una evidencia de esto es Melbourne, ciudad australiana que por vía de la planificación urbana migró al ecourbanismo.
En contraste, la carencia de este tipo de regulación frente al significativo ritmo de crecimiento de la población incide en el aumento del suelo urbanizado, y la degradación ambiental que a la larga convierte a estas áreas en lugares inhóspitos.
El ordenamiento territorial, más que un proceso político-administrativo es un mecanismo que promueve la sostenibilidad de una región; es la organización del territorio en base a las necesidades, los recursos disponibles, y los criterios del desarrollo humano sostenible. Dicho ordenamiento se describe en un plan, y tal como el que diseña su casa añorada, un plan de ordenamiento territorial es el plano con los cimientos de la ciudad o comunidad soñada por todos, que atribuye a cada espacio su mejor utilización pensando en el presente sin perder de vista el futuro.
Interpretarlo desde este lente, quizás permita la óptima comprensión de su importancia en los planes de desarrollo. Nadie equipa una vivienda sin evaluación previa de su estado y dimensión, es insensato levantar una estantería en medio de un pasillo o colocar muebles de lino fino al lado de una ventana rota. De este modo, el primer requisito para implementar proyectos que contribuyan al desarrollo del Distrito Nacional es la disposición de un plan de ordenamiento territorial, exigencia que ha sido discernida por el liderazgo político de esta municipalidad.
En junio del 2019 fue aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial Capital 2030 (POT Capital 2030), una propuesta del ayuntamiento del Distrito Nacional en respaldo de la autoridad que le atribuye la ley 176-07, en la que colaboraron entidades internacionales e instituciones locales, con el objetivo emprender acciones orientadas a construir un modelo de ciudad compatible con un desarrollo sostenible en el tiempo.
Este esfuerzo por parte de la alcaldía le proporciona a la ciudad Primada de América la oportunidad de mejorar el rumbo ambiental, social, político y económico de sus últimos años, no sin antes atender al desafío de que los actores sociales estén debidamente informados, capacitados y empoderados de la visión. La participación ciudadana, alianzas interinstitucionales, y la movilización de recursos, son imprescindibles para los fines, puesto que constituyen la operatividad del plan.
La influencia que la ejecución de un plan de ordenamiento territorial ejerce en la sostenibilidad urbana, se explica con el vínculo existente entre el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible. A mi criterio, son dos los factores que hacen admisible esta amalgama: el sistema natural y el desarrollo humano.
En los últimos doscientos años el capitalismo ha logrado su hegemonía, y en su trascendencia, a la vez que relativamente ha contribuido a mejorar las condiciones de vida en el mundo, el fetichismo del crecimiento económico ha significado un alto costo social.
El deterioro del medio ambiente, y las desigualdades del siglo pusieron de manifiesto la urgencia con que la humanidad debía replantearse el progreso, dando origen al concepto de sostenibilidad, que pone en el centro del desarrollo al ser humano y la naturaleza. En atención de que el ordenamiento territorial es un proceso integral, más allá de los intereses económicos y gobernabilidad, asignar o excluir usos del suelo, su objetivo principal es asegurar el bienestar social en equilibrio con el medio que nos rodea.
La incorporación del ordenamiento territorial como una de las estrategias para el desarrollo sostenible en América Latina, tiene sus precedentes en los lineamientos generales que se asumen a nivel regional a partir de la propuesta preliminar que elabora La Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente para América Latina y El Caribe, que sería presentada en la Cumbre de Río 1992.
En lo concerniente a República Dominicana, el ordenamiento territorial tiene sus primeras referencias en la Ley No. 6232 de Planificación Urbana (1963), y la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64- 00 (2000) que le dedica su capítulo II del Título II, señalando sus objetivos como instrumento para equilibrar la interacción de la sociedad con la naturaleza.
A pesar de que el párrafo I de esta última estipulaba la creación de un plan de ordenamiento territorial en un plazo no mayor de tres años para su cumplimiento, su cláusula fue eludida.
Durante el primer decenio del siglo XXI ocurrieron algunas modificaciones legales en el país que impulsaron a cambios en materia del ordenamiento territorial. En este punto, se hace referencia al proceso de descentralización política que en 2001 da lugar a la ley 163-01 creando a la provincia de Santo Domingo, al decreto 710-04 del 2004 que constituye a 10 regiones de desarrollo, a las Competencias del Distrito Nacional y los Municipios que estipula la ley No. 176-07 del 2009, y a la creación en 2006 de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Las causas de la falta de ordenamiento territorial
Sin embargo, la falta de ordenamiento en el país no se debe a dichos variaciones, responde esencialmente a otras causas enraizadas. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano Republica Dominicana 2008, el desorden administrativo, la malversación de los fondos, y el poco valor estratégico que históricamente se la ha atribuido a la descentralización y los gobiernos subnacionales, son los motivos principales de la exclusión del ordenamiento territorial entre las prioridades del Estado Dominicano.
Con la promulgación en el 2012 de la Ley 1-12 que constituye a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la elaboración de un plan de ordenamiento territorial se hace indispensable. La END 2030 es el modelo de desarrollo adaptado a la realidad dominicana que ha protagonizado los mejores años de nuestra economía.
En función de su segundo y cuarto eje estratégico que abogan por un desarrollo sostenible, el plan de ordenamiento territorial se convierte un elemento clave en la línea de acción, que eficientiza y direcciona a la gestión y diseño de las políticas públicas; es parte de un conjunto de reformas más apropiadas al último eje estratégico, no obstante, se extrapola a otros ejes en su propósito de ordenamiento territorial.
Aunque es cierto que con la Ley 1-12 la planificación territorial se adscribe a un plano superior, su concretización se enfrenta a una gran debilidad. La ausencia de la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo no solo se ha hecho cómplice de la ocupación inapropiado del territorio, y el manejo insostenible de los recursos naturales, sino también en la negligencia de los gobiernos subnacionales respecto a la planificación de los territorios.
Este marco jurídico le otorgaría al ordenamiento territorial una mayor autoridad, debido a que infringir las regulaciones en seguida merecía sanción penal. A pesar de que esta ley fue aprobada en 2015 por la cámara baja o congreso de los diputados, a la fecha aún no ha sido evaluada por el Senado, y mucho menos por el poder ejecutivo.
El camino hacia la sostenibilidad urbana
Caminar hacia la sostenibilidad urbana en el Distrito Nacional y otras zonas del país conlleva desmontar los paradigmas que han transformado a nuestras ciudades en espacios destructivos, excluyentes, e inseguros.
En virtud de que el escenario de acción es la superficie terrestre, un plan de ordenamiento territorial es fundamental para que las políticas y proyectos que se deriven de los planes de desarrollo sean objetivos con las características reales de la demarcación, y el proceso de urbanización esté bajo los términos de sostenibilidad. Enhorabuena Santo Domingo Guzmán ha trazado los planos de su siguiente escalón.
Por el momento el Estado dominicano confronta dos notables retos: la incompetencia de los gobiernos subnacionales en razón de gobernanza o escasez de recursos financieros, y el retraso en la promulgación de la ley de ordenamiento territorial y uso del suelo.
Es recomendable que la administración pública descentralizada sea fortalecida. A pesar de que la descentralización política no da garantía a un desarrollo lineal en todo el territorio nacional, tiene mayor alcance para impactar positivamente en las localidades, por lo cual, como pieza de valor es conveniente que el liderazgo cuente con los conocimientos, actitudes, y habilidades requeridas para coordinar, orientar y transmitir la visión compartida de sostenibilidad, en lo adicional, con el apoyo del gobierno nacional y la ley,en la movilización de capitales que permitan financiar los planes de ordenamiento territorial y las tácticas accionarias.
En vista del interés que ha demostrado la actual gestión del MEPyD en lograr adelantos en el ordenamiento territorial del país, y los recientes acuerdos para impulsar la consolidación formal de la ley en este tema, exhorto a la entidad a mantener su postura, esta legislación marcará un antes y después en la República Dominicana. Es de ventaja para el Distrito Nacional y otros municipios que han aunado esfuerzos para ordenar sus territorios, contar con el soporte y compromiso de organismos que apuestan al desarrollo de abajo hacia arriba.
