La Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social (ADOPTRASOC) alertó sobre la vulneración de derechos de los más de 684 mil niños y niñas que no pudieron acceder a los centros escolares el país durante la pandemia, entre otras razones, por falta de acceso a tecnología e internet, de acuerdo a un informe de Dirección Nacional de Supervisión Educativa del Ministerio de Educación.
La organización considera que la sociedad requiere medidas urgentes para recomponer el tejido social, iniciando por el fortalecimiento del sistema educativo, base fundamental que prepara a las personas para el disfrute pleno de una vida digna mediante el acceso a un trabajo decente, tomando en cuenta estos esfuerzos y estas condiciones, en las actuales circunstancias, luego de las consecuencias devenidas de la pandemia del COVID 19,
Indica que en otro informe elaborado por el Ministerio de Educación y Unicef en el año 2017, sobre exclusión efectiva en el año escolar 2014-2015, establece que 205,000 niños, es decir 8 de cada 100 niñas y adolescentes de 5 a 17 años, se encontraban fuera de la escuela y que en los últimos años se ha evidenciado una importante valoración a nivel político y social del derecho a la educación.
“Las razones que generan deserción escolar en la República dominicana son múltiples; se destacan la pobreza la inequidad y desigualdad de género y la zona de residencia, es decir, en las zonas rurales es más evidente. A estos se añaden, los bajos ingresos de las familias y la condición de discapacidad en algunos de sus integrantes, factores sociales que se conjugan y empujan a niños y niñas a abandonar el sistema educativo, incidiendo, en algunos en casos en el ingreso prematuro al sistema laboral. Además, influyen, aunque en menor proporción, la falta aulas, condiciones precarias de algunos planteles escolares y falta de docentes”, indica la ADOPTRASOC en un comunicado de prensa.
El Presidente de la entidad, Alejandro López Evangelista, manifestó que no se concibe que hoy niño alguno quede fuera del sistema de educación formal.
Planteó que aunque han sido excepcionales las circunstancias que han afectado al país y al mundo, la mitigación de sus efectos requiere de una intervención especial que ayude a las personas y comunidades a reponerse y a ser resilientes, del mismo modo la comunidad educativa debe contar con alternativas que garanticen este derecho.
Dijo que las problemáticas y necesidades sociales con los que trabaja cada día el profesional del trabajo social le obligan a ofrecer un servicio, a las personas, grupos y comunidades, basado en la igualdad de oportunidades y equidad, principalmente a aquellas personas en condición de vulnerabilidad.
Señaló que en el MINERD no cuenta con el servicio de trabajo social en las escuelas que garantice una atención integral para lograr una educación de calidad en la República Dominicana y que haga efectiva la restitución y ejercicio pleno de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
